Por Clyde Soto * y Rocco Carbone **
El 22 de junio se activó la descomposición del proceso democrático paraguayo. El golpe franquista implicó menos un acto político vectorizado en contra de Lugo que en contra de la democracia paraguaya. Y si la democracia es un estado de derechos o de igualdad de derechos, con el golpe se interrumpió esa posibilidad de vivir con garantías incluso hacia los más básicos derechos. Un golpe interrumpe los acuerdos comunitarios acerca de cómo actuar y con respeto a qué sentidos hacerlo: quiebra el consenso básico acerca de cómo convivir, bajo qué reglas, y de qué manera decidir cómo se gobierna ese espacio de convivencia que es el Estado.
Hablar de democracia es enunciar una sinonimia más o menos certera de derechos humanos. Sin democracia, postular siquiera la vigencia de los derechos humanos es un imposible. No existen garantías posibles a los derechos humanos cuando prima la arbitrariedad manifiesta de quienes actúan en nombre del Estado. Y el golpe parlamentario y todo el período posterior de intervenciones públicas han sido prolíficos en actuaciones arbitrarias y discrecionales de quienes hoy ejercen un Ejecutivo antidemocrático, antipopular, antirrepublicano, cuyo accionar político se inscribe en un marco de interrupción del proceso democrático.
Dentro de este entramado, es posible afirmar que Curuguaty ya no es un lugar geográfico, sino que se transformó en un emblema de la historia política latinoamericana. Postulamos que es la punta de lanza de una ofensiva que no piensa dejar que los sectores más postergados de las sociedades latinoamericanas se apropien de sus destinos colectivos. Y en Paraguay implicó un camino macabro de muertes e impunidad. El golpe iniciado en Curuguaty continúa porque reactualiza la ausencia de argumentos, de pruebas, de debido proceso y derecho a la defensa. Siguió con la imputación fiscal a campesinos sin elementos que ofrecieran indicios de responsabilidad en los hechos. Persistió con el arresto y la huelga de hambre límite de varias de estas personas. Se prolongó con el asesinato de Vidal Vega, dirigente sintierra, testigo clave y colaborador de las investigaciones independientes sobre lo sucedido. Prosiguió con el arrasamiento de la comunidad indígena Yva Poty del pueblo Ava Guaraní. Y persevera ahora, con la acusación infundada –dada a conocer el 16 de diciembre por un fiscal cómplice de la impunidad– en contra de 14 campesinos, mientras se esfuman las posibilidades de identificar a los responsables reales de la matanza.
Del actual sistema de justicia paraguayo ya no cabe esperar que investigue seriamente, que esclarezca y sancione a los responsables de los crímenes de Curuguaty, dados los antecedentes de impunidad en cientos de casos de asesinatos vinculados con la lucha por la tierra. Juega en contra el cercano vínculo con los intereses de poder por parte de quienes tienen el proceso a su cargo. Y al gobierno de facto no le interesa esclarecerlo: se trata del caso que permitió su existencia y pone de manifiesto su desprecio por las normas democráticas que conllevan el respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Cerradas las puertas de la institucionalidad republicana, queda un camino categórico: las fuerzas sociales y políticas democráticas y progresistas deben hacer propio Curuguaty. Difundir y defender los informes alternativos y formular las condiciones para que la Justicia se sobreponga a estos límites y fronteras. Fuerzas que deben instalar los derechos humanos como un imperativo en el Paraguay del siglo XXI. Puntos desde los que una izquierda unida –con un sujeto nítidamente perfilado, aún a construir, y con un perfilado conflicto, también a plantear– podría reconfigurar el mapa del espectro democrático y dotarlo de nuevos sentidos. En Paraguay hay urgencia de rehacer la apuesta democrática a partir del conjunto diverso y casi disperso de espacios ciudadanos, sociales y políticos progresistas, de izquierda o democráticos y antigolpistas. La historia política del Paraguay libre obliga a articular una nueva alternativa para el país.
La manifestación por los derechos humanos del 10 de diciembre en Asunción mostró que existe una sociedad que ha comprendido el imperativo de la unidad en torno a Curuguaty, los derechos humanos, la democracia. En ese sentido, está por delante de varios de los sectores políticos que disputan el espectro izquierda/progresismo. Se ha podido crear subjetividad alrededor de una pregunta e instalarla en tanto problema que debe ser asumido como propio por parte de la comunidad. ¿Qué pasó en Curuguaty? Desde esta pregunta se construye identidad, comunidad y sujeto político, que como tal tiene un (proto)discurso en disputa con el oficial que –de manera irresponsable, sin pruebas y cerrando las puertas a toda réplica– atribuyó a campesinos la responsabilidad de los crímenes de Curuguaty. Está entonces la obligación de reconfigurar una ciudadanía activa con capacidad de reclamar y hacer exigibles sus demandas. Está la obligación, por parte de una izquierda que tiene enfrente el desafío de la unidad (una unidad posible aún, no sólo como expresión de deseos), de mirar a esa ciudadanía, más a la vanguardia que ella misma, fraccionada, con vistas a crear el tiempo histórico de disputar el discurso, la política y cada espacio donde se juega el poder de avanzar o retroceder.
* Investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE, Paraguay).
** Profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento/Conicet.
http://www.pagina12.com.ar/
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