Ramón Duarte, Frente Guasu.
Señor Presidente:
El Presidente de la República acaba de vetar la ley de impuesto a la exportación de soja en estado natural, que deja al Estado Paraguayo sin 300 millones de dólares de ingresos anuales y la posibilidad de aumentar la industrialización nacional.
Y ante tamaña irresponsabilidad fiscal, pues no hay otra forma de llamar a este veto que profundiza la injusticia tributaria, en el país más desigual del mundo en distribución de la tierra, hoy pretende darnos lecciones de responsabilidad con este mal llamado proyecto de ley de “responsabilidad fiscal”.
Quisiera explicar primeramente por qué decimos, desde la Bancada del Frente Guasu y con absoluta convicción, que esta ley en realidad es de Irresponsabilidad Fiscal, empezando por lo más evidente, que penosamente se le ha pasado por alto a la mayoría parlamentaria de la Cámara Alta.
Estoy seguro de que mis colegas de los departamentos del interior entenderán mi preocupación. Todos somos concientes de la migración que sufre nuestro país del campo a la ciudad, no sólo a Asunción sino a las capitales departamentales. ¿Cómo podrán crecer en servicios los municipios urbanizados y gobernaciones afectadas si esta ley limita el crecimiento del gasto corriente al 4% por encima de la inflación en su artículo 7º inciso 2?
¿Cómo la ANDE, que tiene un crecimiento en el consumo de la energía superior al 10% al año, podrá comparar más energía de las binacionales, si sólo puede crecer su gasto corriente en un 4%?
¿Cómo aumentaremos la cobertura de la educación, salud, seguridad ciudadana y la atención a la niñez, la juventud, la tercera edad y las familias carenciadas? El gasto del Ministerio de Salud creció más de 200% durante el Gobierno de Fernando Lugo y ahora pretendemos que sólo crezca el 4% por encima de la inflación. En resumen, condenamos a nuestra población más pobre, que no puede pagar por la salud, la educación, a no tener más remedios ni más cuadernos de los que tiene hoy, hoy que la población es menor que mañana y que dentro de 1 año, 2 o 5.
El proyecto de Ley de Irresponsabilidad Fiscal tiene otra grave falencia. No propone garantizar derechos que nuestra Constitución consagra. Estos derechos son lo que deben definir los ingresos y egresos que el Estado debe tener. Mientras no podamos cumplir con el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a la protección la niñez, la tercera edad, los discapacitados, no podemos congelar los ingresos, no podemos congelar los gastos. Esto hace que el proyecto sea inconstitucional y violatorio de Tratados internacionales donde Paraguay se compromete con estos derechos.
Pero cosas más graves y más evidentes tiene este proyecto.
El Proyecto de Ley de Irresponsabilidad Fiscal aprobado por la Cámara de Senadores y a consideración de nuestra Cámara, es abierta y peligrosamente inconstitucional y anti social, atentando nada menos que contra el artículo primero de la Constitución que establece un “Estado Social de Derecho”.
Atenta contra el Estado de Derecho, en primer término, porque concentra todo el poder en el Ejecutivo, dejando de lado al Congreso como mera figura decorativa, como un “florero”, a semejanza de la Ley de Fomento de las Inversiones en Infraestructura, o de PRIVATIZACIÓN, en la cual también se deja de lado al Congreso, uno de los poderes de la República.
En el caso de la Ley de Responsabilidad Fiscal, según la versión aprobada por la Cámara de Senadores, se le deja de lado al Congreso porque, en su artículo 8°, el Congreso deberá respetar la propuesta del Poder Ejecutivo, en particular del Ministerio de Hacienda, en materia de Presupuesto, limitando seriamente las atribuciones constitucionales del Congreso en sus artículos 202 y 216. El argumento de que el Congreso habría hecho un uso dispendioso de sus atribuciones –lo que podría haber sido vetado por el Poder Ejecutivo en su momento– no puede ser motivo alguno para limitar una atribución constitucional del Congreso. De hecho, históricamente el Ejecutivo no utilizó tal mecanismo constitucional, el veto, para limitar las supuestas irracionalidades del Congreso, las que hoy son utilizadas como meras excusa para dejar sin atribuciones al Congreso, un verdadero atentado al Estado de Derecho que no podemos dejar de denunciar por su extrema gravedad.
Si se pretende restringir las atribuciones del Congreso, la vía institucional es una reforma constitucional, y no una inconstitucional limitación al Congreso vía ley, lo que atenta el equilibrio de los poderes del Estado, equilibrio establecido en el artículo 3° de la Constitución que dice: “el Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. NINGUO DE ESTOS PODERES PUEDE ATRIBUIRSE NI OTORGAR A OTRO NI A PERSONA ALGUNA INDIVIDUAL O COLECTIVA, FACULTADES EXTRAORDINARIAS O LA SUMA DEL PODER PÚBLICO. La dictadura está fuera de la ley”.
La ley de responsabilidad fiscal, que cuenta con media sanción del Senado y que hoy tratamos atenta, además, contra el Estado SOCIAL de Derecho, pues congela los gastos sociales y los salarios de todos los funcionarios públicos, atentando también contra la garantía del trabajador público a celebrar contrato colectivo de condiciones de trabajo, pues ya no habrá nada que negociar, porque todo quedará congelado.
Como ya explicábamos, es peligrosa la limitación del gasto corriente a no más de un 4% sobre la inflación, establecida en el artículo 7°, inciso 2°, que en la práctica limitará no solo el gasto administrativo o burocrático corriente, que cuantitativamente es el menor, sino también todo el gasto corriente social, tales como educación, salud, seguridad ciudadana y la atención a la niñez, la juventud, la tercera edad y las familias carenciadas, entre otros. Esta limitación (a no más del 4% sobre la inflación) podría tener sentido en naciones europeas, donde reina el Estado de Bienestar, la población está estancada o en retroceso y se busca eliminar el excesivo paternalismo de un Estado, cuya presión tributaria, como en los países nórdicos, llega al 60% del PIB. Aquí, estamos con una presión tributaria que es la quinta parte, de apenas un 12% del PIB, y con los peores servicios sociales, de educación, de salud y seguridad ciudadana de América del Sur y entre los peores de todo el planeta. En Paraguay hace falta más educación, más salud, más seguridad ciudadana, más atención a la niñez y la adolescencia, más atención a la tercera edad, más atención a las familias carenciadas y, en general, más gasto social. ¿O es que alguien está satisfecho con la pésima educación, salud, etc, que brinda el Estado?
¿Cuál es la intención, entonces, de los proyectistas de esta peligrosa ley, atentatoria contra el Estado SOCIAL de Derecho establecido en la Constitución? Obviamente, su intención es hacer que los más ricos –que son los que aún pueden dar más-- no paguen más impuestos. El objetivo es que los más ricos paguen menos impuestos, que no se les suba el impuesto a pagar. En el caso del impuesto a la exportación de los granos en estado natural (soja), no son más de 100 familias las que lo pagarán en un 80% o más, según la Ley aquí aprobada, impuesto que permitiría justamente expandir el gasto social en beneficio de los 7 millones de paraguayos. Es decir, para beneficiar a 100 grandes productores de soja y otros granos, así como a transnacionales como CARGILL, ADM, DREYFUS y MONSANTO, entre otras, se limitarán derechos constitucionales de 7 millones de paraguayos. Ese es el objetivo de este peligroso e inconstitucional inciso 2 del artículo 7° de la ley de marras, que ya tiene media sanción del Senado y que aquí debemos enmendar en Diputados.
Como ya explicábamos, tan sólo en salud pública, el gasto corriente se ha más que duplicado durante el gobierno de Fernando Lugo e indudablemente queda mucho más aún por avanzar. Lo mismo se puede decir de la educación pública y toda la asistencia social. Entonces, ¿qué sentido tiene limitar el gasto corriente a tan sólo un 4% sobre la inflación? Con esta limitación, seguiremos en el mismo nivel de las naciones más desestructuradas y desinstitucionalizadas del África –en América del Sur todas las naciones ya nos han superado– con el riesgo de acrecentar nuestros males y de seguir atrasándonos de todo progreso económico y social, y llegar incluso a estar últimos a nivel mundial.
Esta disposición, de congelar el gasto corriente público con un incremento de no más del 4% sobre la inflación, extendida a todas las organizaciones y entes del Estado, entre ellas las empresas públicas, como dice la Ley con media sanción, es de cumplimiento imposible para varios entes, tal como el ya citado caso de la ANDE. Tan sólo en materia eléctrica la demanda crece a razón de un 10% anual en promedio, y no 4% como dice la Ley. Entonces, de aplicarse este artículo a la ANDE, como incluye la ley con media sanción del Senado, se deberá restringir el consumo y la demanda eléctrica del país, lo que será un verdadero atraso para el país. Lo mismo podría decirse de otros entes u organismos públicos.
Igualmente es inconstitucional y peligroso el congelamiento salarial establecido en la Ley con media sanción para todos los funcionarios públicos, así como un gravísimo atentado a los derechos humanos de la mayoría de los 250.000 funcionarios públicos. Bien se sabe, que lo que paga el Estado –debido a la ínfima presión tributaria existente, porque las personas más ricas de este país no quieren pagar más impuestos– a la mayoría de los funcionarios públicos, es absolutamente ínfimo y hasta atentatorio a una mínima calidad de vida. Congelar esta situación infrahumana, es atentatorio a los derechos humanos más básicos. Las enfermeras, los policías y los docentes, que son la inmensa mayoría del funcionariado público, ganan el salario mínimo o poco menos, el que bien sabemos que es insuficiente para una vida digna, como estudios especializados lo demuestran. Entonces, si por Ley ahora establecemos que tales salarios estarán congelados para siempre, ¿cómo podrá mejorar las condiciones de ingreso y de vida de esta inmensa mayoría de los funcionarios públicos? ¿Como tendremos educación, salud y seguridad ciudadana, si al que debe prestarnos ese servicio lo condenamos a la más absoluta miseria, para más sin perspectiva alguna de mejoramiento?
Restrinjamos y reduzcamos en tal caso el salario de los funcionarios públicos que ganan salarios varias veces superiores al mínimo, como nosotros, los parlamentarios.
Por estos y muchos otros motivos, manifestamos nuestra total oposición a la Ley mal llamada de Responsabilidad Fiscal con media sanción del Senado y, en cambio, proponemos se apruebe el Proyecto de Ley de Responsabilidad y Trasparencia Fiscal para el Desarrollo Sostenible que presentáramos como Frente Guasu en el Senado para garantizar derechos humanos básicos, es decir, de verdadera responsabilidad fiscal con la inmensa mayoría de la población paraguaya –no con las 100 familias que nada tributan y que nada quieren seguir tributando--.
La inmensa mayoría de la población requiere de educación, salud, vivienda, reforma agraria y asistencia social a la tercera edad, a niños, jóvenes y familias carenciadas, entre otros derechos humanos. Si como Congreso nos ratificáramos en la ley de impuesto a la exportación de la soja en estado natural se podrían recaudar 300 millones US$ por año, como dicen los especialistas, una porción ínfima de lo mucho que ganan estos agro exportadores.
La pensión a las personas carenciadas de la tercera edad es de 415.000 Gs/mes, o bien menos de 100 dólares por mes. Si lo eleváramos tal pensión a 125 dólares por mes (500.000 guaraníes por mes), o bien a 1.500 dólares por año, podríamos dar una pensión digna, con el impuesto a la exportación de la soja, a 200.000 ancianos carenciados con la ley aprobada por el Congreso y lamentablemente vetada por el Señor Cartes. No solo beneficiaríamos a 200.000 ancianos y sus familias, sino a toda la producción nacional, pues se venderían más alimentos, así como bienes y servicios de primera necesidad. El beneficio del país sería enorme.
Es por ello que, nos ratificamos, se debe aprobar el proyecto de ley presentado por el Frente Guasu en el Senado en materia de verdadera responsabilidad fiscal, que apunta a fortalecer los derechos humanos a los que debe acceder toda nuestra población, y rechazar, al mismo tiempo, la ley con media sanción del Senado, pues nuestro proyecto de Ley de Responsabilidad y Trasparencia Fiscal para el Desarrollo Sostenible está enfocado a garantizar los derechos humanos a la educación, la salud, la vivienda, la reforma agraria y todos los demás derechos sociales, y la ley del Senado a restringirlos. El mejor acceso a tales derechos humanos es factible, como lo demuestra la Ley ya aprobada del impuesto a la exportación de granos en estado natural.
Mociono concretamente votar en contra del mal llamado proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que cuenta con media sanción del Senado, y a favor del proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal para el Desarrollo Sostenible del Frente Guasu presentada en el Senado, y cuyo texto entrego a la presidencia para volver a ser considerado
Por último, solicito que la votación sea nominal, pues el pueblo tiene derecho a saber cómo se vota un tema tan importante.
Muchas gracias.
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