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martes, 8 de enero de 2013

Campos Morombi Blas N

El gobierno de Federico Franco rechazo la propuesta de Blas N. Riquelme y su familia que ofrecieron donar las tierras de la firma Campos Morombi S.A. ubicadas en la zona de Curuguaty, en el departamento de Canindeyu, en donde se registro la matanza que dejo 17 fallecidos, entre campesinos y policias el mes pasado y que derivo luego en la destitucion del presidente Fernando Lugo.

El ministro del Interior Carmelo Caballero significo que esas tierras no pertenecen legalmente a Riquelme, sino al Estado paraguayo y por ello deben ser inscriptas a nombre del Estado. El Poder Ejecutivo dio a conocer un documento sobre el polemico tema que remarca cuanto sigue:  

El gobierno ha recibido la propuesta de los propietarios de la empresa Campos Morombí SA,  quienes  pretenden “Donar” al Estado Paraguayo  2000 hectáreas de tierra  en el distrito de Curuguaty,  en el lugar conocido como Marina Cué.  Condicionan, además,  que dicha propiedad se convierta en  Reserva Natural a perpetuidad bajo el control del sector privado con la figura de fundación.

El Presidente de la Republica, Federico Franco desecha totalmente esta posibilidad y reivindica la posesión de dichas tierras pues estas pertenecen legítimamente  al Estado Paraguayo.

El presidente de la Republica ha ordenado al Comandante de las Fuerzas Militares que en un plazo perentorio  remita toda la documentación existente referente a esta propiedad.


Hoy estos  documentos entregados al Sr. Presidente de la Republica demuestran claramente  que las tierras de Marina Cué pertenecen al Estado Paraguayo por donación y por derecho de posesión desde 1967.

Estas  tierras fueron donadas por la empresa  “La Industrial Paraguaya SA” a la Armada Nacional en 1967, y esta donación fue aceptada por el Poder Ejecutivo ese mismo año.

Es más, La Industrial Paraguaya SA dio la posesión jurídica del inmueble a la Armada Nacional, y las tierras estuvieron en dicha posesión hasta octubre de 2004, en que por decreto del Poder Ejecutivo se transfieren al INDERT.

En junio de  2005  la empresa Campos Morombí SA inició juicio de usucapión alegando la ocupación del inmueble desde 1970.

No se permitió al Procurador General de la República, como representante constitucional del estado paraguayo, participar en el juicio y defender sus derechos.

La Industrial Paraguaya SA declaró en el juicio que las tierras eran del Estado Paraguayo por donación y posesión desde 1967. 

Sin embargo, una sentencia de usucapión, en tiempo record, favoreció a Campos Morombí SA.

El Estado Paraguayo ha presentado una Acción Autónoma de Nulidad buscando restituir el derecho conculcado, que hoy se encuentra en instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Queremos dar la seguridad que el  Estado Paraguayo recuperará la propiedad  que le pertenece,  como corresponde ante la ley.

Mientras prosigan las gestiones del Gobierno, que apuntan a la efectiva restitución del inmueble al patrimonio del Estado Paraguayo, el INDERT pone a disposición de los compatriotas sin tierra, suficiente presupuesto para adquisición y entrega de parcelas tituladas  a las personas que califican conforme establece el Estatuto Agrario.

El INDERT ha determinado una línea de acción para la Zona de Curuguaty, que arranca el día lunes 30 de julio de 2012 en las Colonias Yvy Pytá, Ampliación de Yvy Pytá, San Luis, Rio Jejuí (Karuperamí) y Ybyrarobaná .

Esto, conforme a lo acordado con las autoridades locales y los representantes de las comisiones de sin tierra, en reunión desarrollada en sede del Ministerio del Interior, en fecha 24 de julio del corriente.

Hacemos un llamado a todos los habitantes de la República, a las ciudadanas y ciudadanos sujetos de la reforma agraria al diálogo, a la no ocupación de tierras, como dicta la Constitución y  la ley.

Las tierras de Marina Cué ocupadas por la empresa Campos Morombi SA deben ser restituidas inmediatamente y sin condiciones al Estado Paraguayo. 

Esta administración del Dr Federico Franco no puede aceptar ninguna negociación que comprometan a la Constitución y las leyes de la República del Paraguay libre y soberano.

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